Rusia lanza registro para vigilar mineros de Bitcoin
- El gobierno ruso ha puesto en marcha un registro nacional obligatorio para todos los mineros de Bitcoin
- La medida busca crear un marco regulado para identificar a los mineros y vigilar las actividades ilegales
Rusia ha activado formalmente su registro nacional para todas las operaciones de minería de Bitcoin y criptomonedas en el país. Esta iniciativa conjunta del Ministerio de Energía, el Servicio Federal de Impuestos (FNS) y el Ministerio de Desarrollo Digital, busca formalizar la industria, aumentar la recaudación fiscal y, de manera crucial, vigilar e identificar mineros ilegales que puedan sobrecargar la red eléctrica del país.
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Registro para minería de Bitcoin en Rusia
Este registro, anunciado inicialmente a principios de año, se enmarca dentro de los avances legislativos desde 2024 para regular y vigilar el sector en el país. El principal objetivo es crear una base de datos centralizada de todos los equipos de minería que operan en Rusia.
En este sentido, dicho registro requiere datos técnicos como el modelo de equipos, su consumo nominal y ubicación, integrando la información con los proveedores eléctricos. De esta forma, el mecanismo permitirá a las autoridades rusas detectar con precisión dónde se está usando electricidad para minería de bitcoin. Además, dicha base de datos también busca fiscalizar las rentas provenientes de la minería, aumentando la vigilancia sobre mineros que no pague impuestos.
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La obligación de inscribirse en el registro del Servicio Federal de Impuestos recae sobre las personas jurídicas y los empresarios individuales que deseen dedicarse a la minería de Bitcoin y criptomonedas.
Aquellos mineros a pequeña escala cuyo consumo energético no supere un límite establecido por el gobierno (actualmente fijado en 6.000 kWh al mes) no necesitan pasar por el proceso de registro formal. A pesar de esta exención, no operan con total libertad. La ley les exige informar al FNS sobre la cantidad y el valor de las criptomonedas que han extraído, asegurando que sus ganancias también sean objeto de seguimiento fiscal.
Vigilar la minería ilegal
Una de las claves tras el registro, explican las autoridades rusas, es combatir la minería ilegal de bitcoin, ejerciendo controles para identificar operadores que hagan uso ilegal de la red eléctrica para actividades a escala y evadan impuestos. Según informes del Ministerio de Finanzas, a mediados de 2025 apenas un 30% de los mineros del país se habían inscrito en el registro fiscal.
El viceministro de Energía, Petr Konyushenko, ha señalado que la identificación precisa de los mineros es fundamental para aplicarles una regulación y fiscalidad especiales. En paralelo, se están discutiendo enmiendas legales para endurecer las sanciones, que podrían incluir multas severas y la confiscación de los equipos, e incluso, los bitcoins o criptomonedas obtenidas en operaciones mineras consideras como ilícitas.
Según fuentes locales, Konyushenko agregó que la base de datos ya se encuentra disponible en regiones con gran actividad de minería. Actualmente, en Rusia un total de 6 regiones tiene prohibidas las actividades de minería hasta marzo de 2031, como parte de una prohibición local ante problemáticas energéticas. Adicionalmente, territorios siberianos como Irkutsk, Buriatia y Transbaikal están sujetos a vetos temporales durante los meses de mayor demanda energética (noviembre a marzo).
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¿Regulación o más control?
Este movimiento busca ofrecer un camino hacia la legitimidad y la estabilidad para los operadores mineros, pero al mismo tiempo, establece un férreo control estatal sobre un sector que, por naturaleza, nació descentralizado.
Más allá de la formalización de las actividades, este esquema también encierra aspectos de control estatal que suscitan preocupación. La exigencia de detalles sensibles como las direcciones de billeteras ha generado inquietud entre los mineros, quienes temen que, en caso de filtración o abuso de poder, podrían quedar expuestos incluso ante sanciones internacionales o geopolíticas.
En un contexto donde el Estado central busca aumentar su vigilancia tecnológica y financiera, existe el riesgo de que este registro se convierta en un instrumento de supervisión exhaustiva, que vaya más allá de lo práctico para la estabilidad pública y se deslice hacia el monitoreo profundo de la actividad privada.
