New Hampshire lanza la primera reserva estatal de Bitcoin en EE. UU.

• New Hampshire se convierte en el primer estado de EE. UU. en aprobar una ley que permite crear una reserva estratégica con Bitcoin, integrándolo formalmente en sus políticas de inversión pública.
• La HB 302 autoriza al tesorero estatal a destinar hasta el 10% del fondo general a BTC y otros activos digitales con capitalización superior a 500 mil millones de dólares.

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un estado ha aprobado una legislación que permite integrar Bitcoin dentro de su política fiscal pública. New Hampshire, conocido por su lema “Live Free or Die”, ha sancionado la ley HB 302, un marco regulatorio que autoriza la creación de una “Reserva Estratégica de Bitcoin y Activos Digitales”, transformando al estado en un laboratorio político para la adopción institucional del dinero digital.

La iniciativa fue impulsada por el Satoshi Action Fund, una organización sin fines de lucro que desde hace años trabaja en la elaboración de proyectos legislativos favorables a Bitcoin. La aprobación definitiva llegó con la firma de la gobernadora Kelly Ayotte, quien dio luz verde a una ley que habilita al tesorero estatal a invertir hasta el 10% del fondo general y otros fondos autorizados en activos que superen los 500 mil millones de dólares de capitalización de mercado. En el entorno actual, ese umbral sólo lo cumple Bitcoin, lo que convierte a la criptomoneda en el vehículo principal de esta nueva política de diversificación estatal.

La ley contempla que la inversión puede realizarse de forma directa adquiriendo y custodiando BTC en el propio Tesoro o mediante productos cotizados en bolsa (como ETFs), y también permite optar entre custodia interna o delegada a terceros especializados. Este enfoque flexible muestra una comprensión técnica del ecosistema cripto que rara vez se ve reflejada en legislaciones estatales, y busca ofrecer garantías operativas, regulatorias y financieras para una adopción segura.

Dennis Porter, director ejecutivo y cofundador del Satoshi Action Fund, fue enfático: “Satoshi Action diseñó el modelo, New Hampshire lo convirtió en ley, y ahora todos los tesoreros del país pueden seguir esa hoja de ruta. La HB 302 demuestra que se puede proteger el dinero de los contribuyentes, diversificar las reservas y asegurar el futuro de las tesorerías estatales, todo ello a la vez que se adopta la red monetaria más segura del planeta”.

El recorrido legislativo fue ajustado, pero exitoso. La Cámara de Representantes del estado aprobó la propuesta con 192 votos a favor frente a 179 en contra, mientras que el Senado le dio el visto bueno con una votación de 4 a 1. El representante Keith Ammon fue el principal patrocinador de la ley, y su defensa del proyecto ha generado eco en otras legislaturas estatales.

Actualmente, estados como Arizona, Illinois, Maryland, Michigan y Texas están considerando proyectos similares. En contraste, el Senado de Florida decidió posponer indefinidamente dos iniciativas relacionadas con criptomonedas, lo que pone en evidencia la disparidad de enfoques que existe a nivel subnacional en Estados Unidos respecto a Bitcoin.

El avance de esta ley ocurre en un contexto global donde las criptomonedas comienzan a ocupar un lugar más serio en la conversación sobre política monetaria y fiscal. Para gobiernos locales con desafíos fiscales persistentes y limitaciones en los instrumentos tradicionales de inversión, la posibilidad de adoptar Bitcoin como reserva estratégica ofrece una alternativa frente a la depreciación de la moneda fiat, la inflación estructural y la fragilidad del sistema bancario.

Desde un punto de vista técnico, Bitcoin presenta una propuesta de valor clara: emisión monetaria predecible, seguridad sin precedentes en la red, resistencia a la censura y una liquidez creciente gracias a su integración con los mercados institucionales. Al permitir que un estado respalde parte de su tesorería con BTC, se rompe el paradigma de que Bitcoin es únicamente un activo especulativo, y se le reconoce como una reserva legítima de valor con aplicaciones reales en la política fiscal contemporánea.

El caso de New Hampshire abre un nuevo capítulo en la historia de la adopción institucional de Bitcoin. No se trata simplemente de una apuesta financiera, sino de un movimiento estratégico que apunta a blindar las finanzas públicas frente a escenarios de alta volatilidad global. Si otros estados replican este modelo como ya lo sugieren los debates legislativos en curso, podríamos estar frente a una transformación profunda en la forma en que las entidades públicas piensan sobre el dinero, las reservas y la soberanía económica en la era digital.