¿Florida tendrá una reserva estratégica de bitcoin en 2026?
- Legisladores Florida han presentado formalmente proyectos de ley para establecer una Reserva estratégica de criptomonedas estatal, la cual estaría operativa a partir de julio de 2026 si recibe la aprobación legislativa
- La iniciativa impone criterios técnicos de capitalización de mercado que, en la práctica, excluyen a la mayoría de las criptomonedas y centran la estrategia casi exclusivamente en la adquisición y custodia de bitcoin como cobertura contra la inflación
El estado de Florida, en Estados Unidos, está avanzando hacia la integración de bitcoin sus finanzas públicas con la presentación formal de un paquete legislativo diseñado para crear la «Reserva estratégica de criptomonedas de Florida». A través de un paquete de legislaciones tanto en el Senado como en la Cámara, la iniciativa representa un nuevo intento de Florida por adoptar BTC como activo clave proteger su tesoro frente a la devaluación del dólar.
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Reserva estratégica de bitcoin en Florida: ¿llegará en 2026?
Impulsada por legisladores republicanos, específicamente el senador Joe Gruters y el representante John Snyder, los proyectos de ley SB 1038 y SB 1040 en el Senado, y su contraparte en la Cámara, el HB 1039, buscan establecer el marco legal para que Florida pueda adquirir, custodiar y gestionar activos digitales, con el respaldo político del actual Director Financiero (CFO) del estado, Jimmy Patronis.
Aunque el nombre oficial de la propuesta sugiere una apertura hacia las «criptomonedas» en general, el proyecto revela un enfoque mucho más selectivo. En este sentido, la legislación establece un umbral de elegibilidad riguroso: solo podrán formar parte de la reserva aquellos activos digitales que hayan mantenido una capitalización de mercado superior a los $500.000 millones durante los últimos 24 meses.
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Bajo las condiciones actuales del mercado, únicamente bitcoin, con una capitalización de mercado actual sobre los $1.8 billones y representando más del 56% del mercado, cumple con este requisito de estabilidad y valor sostenido, dejando fuera a cualquier otra altcoin de la reserva.
Esta cláusula convierte a la iniciativa, de facto, en una reserva centrada en bitcoin, al cual pueden asignar hasta un 10% de los fondos públicos, tanto para compra directa de BTC como a través de productos financieros como fondos cotizados en bolsa (ETF).
El objetivo declarado por los legisladores es utilizar BTC como «oro digital», actuando como una cobertura estratégica contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las reservas en moneda fiduciaria.
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Estructura y gestión de la reserva
Los proyectos de ley SB 1038 y SB 1040 diseñan una arquitectura de gestión bajo la cual la administración de los fondos recaerá directamente en la oficina del Director Financiero de Florida, quien tendrá la facultad discrecional —pero no la obligación— de asignar fondos estatales a la compra de activos digitales cuando las condiciones de mercado sean favorables.
Para alojar legalmente estos activos, se creará un fondo fiduciario específico (trust fund) separado del tesoro general, con la intención de facilitar una contabilidad transparente y una gestión especializada.
Por su parte, el texto legislativo exige la implementación de estándares de custodia de nivel institucional, incluyendo el uso de almacenamiento en frío (offline) y tecnologías de computación multipartita (MPC) para proteger las claves privadas. Además, se estipula que los fondos de la reserva deben mantenerse estrictamente segregados de otros activos estatales y someterse a auditorías independientes regulares.
Estas iniciativas representan un nuevo esfuerzo por parte de los legisladores de Florida por establecer una reserva de BTC, luego de intentos anteriores fallidos en 2025. A diferencia de legislaciones anteriores que fueron descartadas, una diferencia crucial radica en la separación de la reserva respecto a los fondos de pensiones del estado.
De esta manera, al crear un fondo independiente financiado a través de asignaciones del presupuesto general o del Fondo de Estabilización Presupuestaria, la propuesta evita la exposición directa a las jubilaciones de los empleados públicos, reduciendo así la resistencia política que enfrentaron proyectos pasados.
Si el paquete legislativo logra avanzar a través de los comités y es aprobado por ambas cámaras durante la próxima sesión de 2026, la ley entraría en vigor el 1 de julio de este año.
