Regulación de DeFi en la mira: El Congreso de EE. UU. deroga la norma del IRS

• El Congreso de EE. UU. revocó un requisito de reporte que obligaba a los protocolos DeFi a informar al Servicio de Impuestos Internos.
• Persiste el reto de equilibrar la privacidad del usuario con las exigencias regulatorias en transacciones descentralizadas.

La Cámara de Representantes votó el 12 de marzo para anular la norma, inicialmente prevista para 2027, que buscaba obligar a reportar datos sensibles de usuarios y operaciones en plataformas descentralizadas.

El entorno de las finanzas descentralizadas respira un alivio tras la votación en la Cámara de Representantes que puso fin a un requisito controversial: la obligación de reportar los ingresos brutos por la compraventa de criptomonedas y la identificación de contribuyentes involucrados. Con esta movida, el gobierno atenúa la presión que pesaba sobre desarrolladores y usuarios de DeFi, quienes advertían que la obligación de rastrear y proporcionar información personal vulneraba la esencia descentralizada de estos protocolos. El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y se espera que el presidente Donald Trump lo firme en las próximas semanas.

Today, @BlockchainAssn, @fund_defi, and @TXblockchain_ filed a lawsuit challenging the IRS’ broker rulemaking.

This rule – as the countless comment letters warned – risks crippling the U.S. digital asset sector.https://t.co/D8VsDpNJvW pic.twitter.com/8HDvpIhBHC

— Blockchain Association (@BlockchainAssn) December 28, 2024

La controversia surgió a finales de 2024, cuando el IRS anunció la normativa que, en términos prácticos, forzaba a protocolos DeFi y plataformas de intercambio descentralizadas a convertirse en “brokers” de criptomonedas, cumpliendo con reportes para todas las transacciones, incluidas las vinculadas con stablecoins y tokens no fungibles (NFT). Diversos representantes del sector cripto argumentaron que esto no solo implicaba costos operativos y riesgos de privacidad, sino que resultaba incompatible con la naturaleza misma de la tecnología. Al tratarse de protocolos que no están controlados por una sola entidad, no existe un responsable central que emita documentos fiscales al estilo tradicional.

Desde el punto de vista técnico, la preocupación gira en torno a la integridad de la cadena de bloques y la aplicación de reglas antilavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Para muchos, la discusión más acuciante sigue siendo: ¿cómo regular eficazmente un entorno donde cada transacción es un contrato inteligente que se ejecuta de manera autónoma? Las soluciones basadas en pruebas de conocimiento cero se perfilan como una vía: podrían validar la información necesaria sin exponer datos sensibles, aunque todavía no existe una hoja de ruta clara para su adopción a gran escala.

En paralelo, la industria cripto permanece atenta a los debates legislativos relacionados con el proyecto de ley sobre stablecoins (GENIUS Act) y la propuesta más amplia de marco regulatorio de las criptomonedas (FIT 21). El GENIUS Act avanzó en el Comité Bancario del Senado el 13 de marzo, mientras que FIT 21, presentado inicialmente en 2024, podría reaparecer con modificaciones. Dichas propuestas buscan sentar las bases legales para las operaciones cripto en Estados Unidos, definiendo límites de supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). No obstante, su aprobación es solo un primer paso: aún quedaría pendiente la creación de lineamientos específicos para las plataformas descentralizadas, un desafío que involucra asesorías técnicas, coordinación con agencias federales y la presión constante de grupos de interés del sector financiero.

Este panorama deja un mensaje de fondo para quienes invierten o desarrollan en el ámbito cripto: las autoridades comienzan a reconocer la singularidad de DeFi y del ecosistema en general, pero la ausencia de mecanismos de reporte convencionales no supone inmunidad perpetua. El respaldo político a la innovación, traducido en iniciativas como la “reserva estratégica de Bitcoin”, se equilibra con la necesidad de políticas que salvaguarden la transparencia y la protección al inversor. El escenario actual invita a los participantes del mercado a mantenerse proactivos en las conversaciones regulatorias, impulsar soluciones de privacidad compatibles con la ley y, al mismo tiempo, preservar los valores de descentralización y autonomía que han dado forma al sector.

Con esta derogación, el Congreso estadounidense envía un mensaje de flexibilidad, pero deja abierta la incógnita de cómo se concretará una regulación eficaz y respetuosa de la privacidad en el futuro de las finanzas descentralizadas. El sector se prepara para el siguiente episodio de esta historia, con la esperanza de construir puentes entre la innovación tecnológica y un marco regulatorio que, lejos de constreñir el potencial de DeFi, sirva como catalizador de su adopción global.