Lo que esconde el GENIUS Act
- El GENIUS Act promete seguridad, pero podría legalizar el riesgo sistémico con respaldo estatal
- ¿Estabilidad para las stablecoins o una trampa regulatoria que socializa las pérdidas?
El proyecto de ley que busca dar un marco legal a las stablecoins en EE. UU. podría terminar convirtiéndose en una arquitectura de rescate financiero encubierto, afectando la independencia del mercado y trasladando los riesgos al contribuyente.
Con promesas de transparencia y confianza, el GENIUS Act reordena prioridades legales y expone una peligrosa dependencia entre regulación, mercado y dinero público.
Con una capitalización que supera los $200.000 millones, las stablecoins se han convertido en el combustible transaccional del ecosistema cripto. Ofrecen liquidez casi instantánea y paridad con el dólar, siendo utilizadas como refugio temporal de valor y como unidad de cuenta dentro del sector. Sin embargo, detrás de su aparente estabilidad se esconde una compleja red de riesgos operativos, custodiales y regulatorios.
En este contexto surge el GENIUS Act, un proyecto de ley en EE. UU. cuyo objetivo es establecer un marco regulatorio para estos instrumentos digitales. Bajo la apariencia de proteger al consumidor e incentivar su adopción en transacciones cotidianas, la propuesta contiene elementos que, según expertos en derecho financiero, podrían institucionalizar un modelo de riesgo cripto subsidiado por el Estado.
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Entre las disposiciones más destacadas, el proyecto exige que los emisores de stablecoins cumplan con requisitos de reservas segregadas, auditorías mensuales, estándares mínimos de capital y procedimientos contra el lavado de dinero. Además, se asigna supervisión a entidades como la Reserva Federal y la FDIC. Pero el punto más polémico radica en que los tenedores de stablecoins pasarían a tener prioridad legal en caso de bancarrota, incluso por encima de los gastos administrativos y profesionales del proceso.
Este cambio en el orden tradicional de prelación en procesos de quiebra representa una alteración profunda del equilibrio legal. Como advierte el profesor Adam Levitin, de Georgetown University, esto podría disuadir a actores clave como abogados o administradores concursales de involucrarse en liquidaciones si no tienen garantías de cobro. Y si los activos del emisor no alcanzan para cubrir las obligaciones, la presión recaería en el Estado para indemnizar a los tenedores. En palabras simples: se allana el camino a un posible rescate cripto con fondos públicos.
Paradójicamente, lo que se presenta como una estrategia para reducir el riesgo podría tener el efecto opuesto. La percepción de respaldo legal y prioridad de pago puede incentivar la confianza excesiva, desincentivar la diligencia de los usuarios y alimentar la idea de que las stablecoins son «seguras por ley», cuando en realidad siguen expuestas a las mismas fragilidades estructurales: mala gestión, falta de liquidez real, vulnerabilidades en custodia y riesgo moral.
Además, al limitar la emisión de stablecoins a «entidades autorizadas», se introduce un filtro que podría consolidar un oligopolio regulado, alejando a emisores más pequeños o innovadores. Así, el mercado no solo se vuelve menos competitivo, sino que queda anclado a un diseño institucional que internaliza ganancias privadas pero externaliza pérdidas al conjunto de la sociedad.
Más allá del debate técnico, el GENIUS Act representa una señal de alerta sobre el rumbo que podría tomar la integración entre cripto y sistema financiero tradicional. La regulación no debe ser sinónimo de privilegio legal ni garantía de rescate. La promesa de estabilidad no puede construirse sobre la ilusión de que el riesgo ha desaparecido. Porque cuando el mercado se equivoca y los actores fallan, no debería ser el contribuyente quien pague la factura.
