¿Quién controla los $60.000 millones de cripto en Venezuela?

• Hasta $60.000 millones de dólares podrían permanecer resguardados en estructuras cripto fuera del alcance estatal.
• ¿Puede una infraestructura digital sobrevivir a la caída del régimen que la diseñó?

La captura de un jefe de Estado suele marcar el final de su red de poder. Sin embargo, en el caso venezolano, la pregunta central ya no gira en torno a la supervivencia política del régimen, sino a la de su arquitectura financiera. Con Nicolás Maduro bajo custodia y enfrentando cargos por narcotráfico en tribunales de Manhattan, emerge una incógnita más compleja: ¿qué ocurre con los activos que el régimen desplazó fuera del sistema tradicional y ancló en la cadena de bloques?

Durante años, los gobiernos sancionados recurrieron a mecanismos clásicos para mover y ocultar capital: flotas fantasma, empresas pantalla, intermediarios bancarios y jurisdicciones opacas. Esas herramientas no han desaparecido, pero hoy conviven con una infraestructura más sofisticada, menos visible y potencialmente más resiliente: stablecoins, brókeres OTC, billeteras privadas no custodiadas y acuerdos financieros con actores estatales y privados que no cooperan con las autoridades estadounidenses.

En ese contexto, la infraestructura criptográfica construida por el chavismo no solo habría servido para evadir sanciones, sino que podría sobrevivir a la propia estructura de poder que la originó.

Una red diseñada para resistir

Según diversas fuentes, parte de la fortuna del régimen venezolano habría sido canalizada hacia criptoactivos tras la conversión de oro físico, petróleo y otros recursos estratégicos. Este proceso no habría sido improvisado. La arquitectura descrita apunta a un diseño deliberado, con múltiples capas de protección:

• Claves privadas fragmentadas entre varias personas y jurisdicciones.
• Uso de billeteras frías y sistemas multisig.
• Intermediarios legales y financieros en Europa y Medio Oriente.
• Conversión progresiva a stablecoins para reducir volatilidad.

El nombre de un abogado suizo aparece recurrentemente como presunto coordinador del acceso a estas billeteras. Si esta información es correcta, la custodia del capital no dependería de una sola persona ni de un solo país, sino de un entramado pensado para resistir el peor escenario: la captura del líder político.

Este tipo de estructura refleja una comprensión profunda de cómo funcionan las redes descentralizadas. Una vez que los activos están en la blockchain y las claves no están centralizadas, el control político pierde eficacia. El poder ya no reside en el cargo, sino en el acceso criptográfico.

Los nombres clave y las zonas grises

Dentro de este entramado aparecen figuras cuya situación legal resulta ambigua. David Nicolás Rubio González, sancionado en 2019, nunca fue imputado públicamente, a diferencia de su padre. Fuentes lo señalan como un posible mensajero, encargado de trasladar físicamente el oro que luego se transformó en la criptofortuna del régimen.

Si ese rol fue real, Rubio González podría conocer con precisión el destino final de miles de millones de dólares. Esto abre varias hipótesis:

• ¿Colabora de forma discreta con autoridades estadounidenses?
• ¿Está bajo una acusación sellada?
• ¿O simplemente desapareció con información crítica?

En escenarios de crimen financiero transnacional, estas figuras intermedias suelen convertirse en piezas clave. No necesariamente por el capital que controlan, sino por el conocimiento que poseen sobre la arquitectura del sistema. Otro nombre inevitable es el de Alex Saab. Empresario, operador financiero y figura central en los esquemas de evasión de sanciones, Saab ya cooperó con la DEA en el pasado y fue posteriormente indultado por un presidente estadounidense. Hoy, su posición resulta nuevamente estratégica. Un exfiscal venezolano lo definió como “el garante de la fortuna de Maduro”, una afirmación que, de confirmarse, lo situaría como uno de los custodios más relevantes del capital digital del régimen.

Criptoactivos como herencia política

Más allá de los nombres propios, el caso venezolano plantea una cuestión estructural: los regímenes pueden caer, pero las infraestructuras descentralizadas no responden a calendarios políticos. Si los fondos están efectivamente protegidos por claves distribuidas y protocolos sin intermediarios, su recuperación se vuelve extraordinariamente compleja, incluso para agencias con amplias capacidades legales y técnicas.

Este fenómeno no es exclusivo de Venezuela. Casos similares han sido analizados en otros contextos sancionados, como Irán o Corea del Norte, donde los criptoactivos cumplen un rol estratégico en la financiación estatal. En ese sentido, el ejemplo venezolano podría convertirse en un estudio de caso sobre cómo los Estados aprenden a operar dentro de sistemas que originalmente buscaban reducir el poder centralizado.

Las preguntas que permanecen

El debate ya no es si existió una criptoestructura, sino qué tan autónoma se ha vuelto. Las preguntas finales siguen abiertas y carecen de respuestas verificables:

¿Dónde está Alex Saab?
¿Dónde está David Rubio González?
¿Y quién controla hoy las claves de hasta $60.000 millones de dólares en Bitcoin y otros criptoactivos?

Si esas claves no están en manos del Estado venezolano, entonces la caída del régimen no implicaría la recuperación automática de su fortuna. La blockchain, en ese escenario, no sería solo un registro financiero, sino un archivo permanente del poder desplazado.