Oro récord y cripto en espera regulatoria
- El oro supera los $5.000 por onza tras subir 65 % en 2025 y 16 % en 2026, señalando desconfianza en el dinero fiduciario.
- La Ley CLARITY pierde impulso en EE. UU.: las probabilidades de aprobación caen del 80 % al 50 %, elevando la incertidumbre para las criptomonedas.
¿Estamos ante un cambio estructural en la forma en que los grandes capitales entienden la reserva de valor o solo frente a un episodio más de cautela macroeconómica? El reciente máximo histórico del oro y el estancamiento legislativo en torno a la Ley CLARITY configuran un escenario de contrastes para los mercados financieros, particularmente para las criptomonedas, que siguen atrapadas entre una narrativa de largo plazo sólida y un corto plazo condicionado por la política regulatoria. El ascenso del oro por encima de los $5.000 por onza troy no es un movimiento aislado ni meramente técnico. Este repunte refleja una erosión profunda de la confianza institucional en los sistemas fiduciarios tradicionales, un fenómeno que podría reforzar, al menos conceptualmente, la propuesta de valor de activos digitales como Bitcoin y otras criptomonedas descentralizadas.
Oro fuerte, confianza débil
El metal precioso acumula un alza cercana al 65 % durante 2025 y otro 16 % en lo que va de 2026, un comportamiento excepcional para un activo con más de 2.000 años de historia monetaria. Aproximadamente la mitad del valor del oro medido en dólares se ha creado en solo los últimos 20 meses, una anomalía histórica que apunta al impacto acumulado de años de expansión monetaria, endeudamiento público y depreciación de las divisas.
Desde esta perspectiva, el oro estaría funcionando como un termómetro de la desconfianza. No se trata solo de inflación, sino de una percepción creciente de riesgo sistémico: riesgo de confiscación, de intervención regulatoria o de cambios abruptos en las reglas de juego. Los inversores ya no quieren que toda su riqueza dependa “de la buena voluntad de terceros.
Este comportamiento no es exclusivo de inversores privados. Tras la confiscación de activos rusos en 2022, los bancos centrales duplicaron sus compras anuales de oro, buscando reservas que no estén bajo control de potencias extranjeras. Más recientemente, en Alemania resurgieron pedidos para repatriar el oro custodiado en la Reserva Federal de Nueva York, mientras que en Noruega un panel gubernamental advirtió sobre posibles riesgos de mayor tributación o intervención sobre la riqueza soberana.
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En este contexto, la narrativa del oro como “activo apolítico” recupera fuerza. Sin embargo, también abre espacio para comparaciones inevitables con Bitcoin, un activo que comparte la característica de no depender de un emisor soberano.
Criptomonedas: propuesta sólida, camino incierto
Aunque los precios de las criptomonedas se muevan de forma errática en el corto plazo, sus atributos fundamentales se vuelven más tangibles en un entorno de desconfianza institucional. La autocustodia, la resistencia a la censura y la posibilidad de propiedad directa sin intermediarios dejan de ser conceptos abstractos cuando aumentan los temores a controles de capital o confiscaciones.
Bitcoin, en particular, ofrece un sistema de reglas monetarias inalterables, mientras que redes como Ethereum o Solana operan bajo marcos donde ningún actor individual puede modificar unilateralmente las condiciones. No obstante, esta fortaleza estructural choca hoy con un factor externo clave: la incertidumbre regulatoria en Estados Unidos.
La Ley CLARITY y el “modo demostración”
La Ley CLARITY fue concebida para consolidar un entorno regulatorio más claro y favorable para la industria cripto en EE. UU. A comienzos de año, los mercados de predicción estimaban una probabilidad de aprobación cercana al 80 %. Hoy, tras diversos reveses políticos y críticas desde dentro del propio sector incluida la calificación de “inviable” por parte del CEO de Coinbase, Brian Armstrong, esas probabilidades rondan apenas el 50 %. Si la legislación fracasa, se anticipa un período de hasta tres años en el que las criptomonedas deberán validar su utilidad mediante adopción real y no solo expectativas regulatorias. En este escenario, casos de uso como las stablecoins y la tokenización de acciones podrían desempeñar un papel similar al que tuvieron Uber o Airbnb en otros sectores: forzar a los reguladores a adaptarse una vez que la adopción es demasiado amplia para ignorarla.
Implicaciones para el mercado
Desde el punto de vista del mercado, el desenlace de la Ley CLARITY marca dos trayectorias posibles. Una aprobación con términos aceptables para la industria podría desencadenar un repunte significativo, al despejar el camino para el crecimiento de las stablecoins y la tokenización financiera. En ese escenario, los precios responderían más a expectativas de expansión estructural.
En definitiva, el récord del oro y el limbo regulatorio de las criptomonedas no son fenómenos aislados, sino expresiones de una misma tensión: la búsqueda de activos que ofrezcan previsibilidad en un entorno donde las reglas cambian con rapidez. La próxima fase del mercado cripto no estará determinada solo por la narrativa, sino por la combinación entre certeza regulatoria y utilidad demostrable.
