Milei bajo presión judicial por escándalo cripto
- La justicia argentina exige al Banco Central revelar las cuentas bancarias de Javier Milei y su hermana Karina por su presunta implicación en el colapso del token Libra.
- El presidente no se presentó a una audiencia civil por daños y enfrenta denuncias por fraude y pedidos de juicio político tras la debacle.
El presidente argentino Javier Milei se encuentra en el centro de una tormenta legal y mediática tras su involucramiento con la criptomoneda Libra, cuyo desplome provocó pérdidas multimillonarias para cientos de inversores. La jueza federal María Servini, encargada del caso, ha ordenado al Banco Central de la República Argentina que levante el secreto bancario del mandatario y de su hermana Karina Milei, en el marco de una investigación que apunta a posibles vínculos financieros con los desarrolladores del fallido proyecto cripto. Según el medio argentino Página/12, Karina Milei habría mantenido contactos con los fundadores de Libra antes de que el token fuera promovido públicamente por el presidente. Horas después del respaldo oficial, el valor del criptoactivo cayó más del 90 %, generando un escándalo bautizado por la prensa local como «CryptoGate». La magnitud de las pérdidas y la participación del mandatario encendieron las alarmas en la justicia, donde ya se habla de fraude y abuso de poder.
Además del pedido de acceso a los registros bancarios, la jueza Servini había ordenado previamente el congelamiento de bienes de tres cofundadores del proyecto Libra. Los fiscales también investigan imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían a familiares de los desarrolladores retirando pertenencias de cajas de seguridad al día siguiente del colapso del token, lo que podría interpretarse como intento de ocultamiento de activos.
En paralelo, Milei no compareció —ni envió representación legal— a una audiencia civil de mediación, donde se lo citó por la demanda interpuesta por un abogado argentino en nombre de 25 víctimas, tanto locales como internacionales. Esta audiencia tenía como objetivo buscar una salida alternativa al litigio, antes de avanzar en un proceso civil formal.
A pesar de la creciente presión judicial y política, el presidente ha negado cualquier responsabilidad. Ha intentado restar importancia al caso, argumentando que actuó simplemente como un «entusiasta de la tecnología» y que su intención era únicamente dar visibilidad a un proyecto que consideraba innovador. No obstante, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo tanto en los tribunales como en la opinión pública.
El episodio representa una nueva grieta en la imagen del mandatario, cuya afinidad con el ecosistema cripto ha sido parte central de su discurso desde la campaña. Sin embargo, la falta de regulación y la elevada volatilidad de los activos digitales plantean un dilema para los líderes que deciden involucrarse públicamente con ellos, especialmente cuando ese apoyo termina costando miles de dólares a ciudadanos comunes.
La investigación continúa avanzando y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre los movimientos financieros del entorno presidencial. Mientras tanto, la confianza institucional y la percepción internacional de Argentina podrían verse nuevamente comprometidas por una crisis que mezcla criptomonedas, política y sospechas de corrupción.
