Llega ley para poner fin a la criptocorrupción
- El Senado de EE. UU. propone prohibir que presidentes y congresistas se beneficien de criptomonedas, en plena polémica por el token $TRUMP.
- USD1, el stablecoin vinculado a Trump, supera los $2.100 millones en capitalización y enciende alarmas sobre conflictos de interés.
La introducción del proyecto de ley End Crypto Corruption Act por parte de senadores demócratas ha encendido una nueva etapa en la creciente tensión entre política y criptomonedas en Estados Unidos. El texto legislativo, presentado el 6 de mayo, busca prohibir que el presidente, el vicepresidente, altos funcionarios del ejecutivo, congresistas y sus familiares emitan, respalden o se beneficien financieramente de criptomonedas, en un intento por evitar conflictos de interés que comprometan la integridad institucional.
Esta medida llega justo antes de la votación en el Senado del GENIUS Act, una legislación clave para regular los stablecoins en EE. UU., lo que intensifica el debate sobre el marco ético y legal de los activos digitales. El momento de la propuesta no parece accidental: el stablecoin USD1, asociado a la familia Trump, ha superado los $2.100 millones en capitalización de mercado, impulsado por campañas de promoción ligadas al expresidente.
Según informes, el 80% del suministro de $TRUMP está en manos de Trump, su familia y aliados, mientras que solo el 10% está en circulación pública. Además, se ha anunciado una cena exclusiva para los principales holders del token, con acceso VIP al expresidente, lo que ha elevado la preocupación sobre el uso político y comercial de estos activos.
Desde el oficialismo, figuras como el senador Jeff Merkley calificaron el esquema como “profundamente corrupto”, alegando que permitir que terceros influyan en funcionarios mediante compras de tokens ligados a ellos pone en riesgo la seguridad nacional y erosiona la confianza pública. El proyecto contempla multas de hasta un millón de dólares y devolución de ganancias para quienes infrinjan la norma.
En contraste, senadores con orientación libertaria han cuestionado los límites del proyecto, defendiendo el derecho a la actividad financiera privada. Cynthia Lummis, una de las voces más criptofriendly del Congreso, afirmó estar dispuesta a considerar un lenguaje ético más estricto, pero advirtió sobre posibles inconstitucionalidades del enfoque actual.
Al mismo tiempo, la discusión se entrelaza con el destino del GENIUS Act, que busca establecer un marco para los stablecoins. Aunque el proyecto cuenta con apoyo bipartidista, el nuevo contexto podría frenar su avance o introducir enmiendas éticas que modifiquen su alcance original.
Por otro lado, solo 13 miembros del Congreso han declarado tenencias en criptomonedas, según datos de Reuters, aunque el impacto potencial del proyecto podría obligar a muchos más a desinvertir o modificar su exposición a estos activos, dependiendo del lenguaje final aprobado.
El caso USD1 y el ecosistema de tokens vinculados a figuras políticas como Trump marcan un antes y un después en el debate sobre la legitimidad y los límites del uso de criptomonedas por parte de funcionarios públicos. En un momento en el que el Senado se prepara para regular los stablecoins, este giro ético-político obliga a replantear no solo las reglas del mercado cripto, sino también el rol que pueden jugar las criptomonedas en la construcción o erosión de la confianza institucional.
