¿El DOJ vendió Bitcoin ignorando la orden de Trump?
- ¿Puede una agencia federal vender Bitcoin cuando una orden ejecutiva exige conservarlo como reserva estratégica?
- US$6,36 millones en BTC confiscado habrían sido liquidados pese a un mandato presidencial explícito
57,55 BTC, valorados en US$6.367.139, fueron transferidos desde un caso de decomiso penal directamente a una cuenta de Coinbase Prime, lo que sugiere una venta inmediata.
El movimiento plantea un conflicto directo con la Orden Ejecutiva 14233, que prohíbe vender el Bitcoin incautado y ordena integrarlo a la Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos.
La aparente liquidación de Bitcoin vinculada al caso de Samourai Wallet ha reabierto un debate incómodo dentro del ecosistema cripto y, especialmente, entre inversores institucionales: ¿hasta qué punto las agencias federales están alineadas con la nueva narrativa oficial de Bitcoin como activo estratégico del Estado?
Un decomiso que terminó en el mercado
El 3 de noviembre de 2025, los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, transfirieron 57,55353033 BTC al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) como parte de un acuerdo de culpabilidad. En ese momento, el monto equivalía a US$6,36 millones.
Sin embargo, los registros on-chain muestran que ese Bitcoin no permaneció bajo custodia directa del USMS. En lugar de ello, fue enviado desde la dirección bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r a una dirección atribuida a Coinbase Prime, identificada por Arkham Intelligence. El dato más revelador: dicha dirección presenta actualmente saldo cero, lo que sugiere que los BTC ya fueron vendidos.
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Desde una perspectiva de mercado, el volumen es irrelevante para el precio de Bitcoin. Pero desde una perspectiva institucional y estratégica, el precedente es significativo.
El choque con la Orden Ejecutiva 14233
La Orden Ejecutiva 14233, firmada durante la administración Trump, establece que todo Bitcoin adquirido mediante procedimientos civiles o penales de decomiso debe clasificarse como “BTC del Gobierno” y no puede ser vendido, sino incorporado a la Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR).
El lenguaje es explícito: los activos digitales confiscados deben mantenerse en especie, salvo excepciones muy concretas que requieren intervención directa del Fiscal General de Estados Unidos. Ninguna de esas excepciones aplica al caso de Rodríguez o Hill.
Además, ni el 18 USC § 982(a)(1) que regula el decomiso por operar transmisores de dinero sin licencia ni su incorporación del 21 USC § 853(c) exigen la liquidación de los activos confiscados. Ambos estatutos regulan la pérdida de la propiedad, no su conversión obligatoria a efectivo.
Desde el punto de vista legal, el Bitcoin confiscado encaja plenamente en la definición de “Activos Digitales del Gobierno” contemplada en la orden ejecutiva.
Un patrón institucional que preocupa
Si el Bitcoin fue vendido, la decisión no respondió a una obligación legal, sino a un criterio discrecional. Esto refuerza una percepción persistente: ciertos sectores del Departamento de Justicia continúan tratando a Bitcoin como un activo incómodo, incluso bajo un mandato presidencial que lo redefine como reserva estratégica.
El Distrito Sur de Nueva York (SDNY), donde se originó el caso Samourai, tiene una larga reputación de actuar con autonomía frente a directrices federales. No es la primera vez que ocurre. El propio SDNY continuó procesos contra desarrolladores de software no custodial, como el caso de Roman Storm (Tornado Cash), incluso después de que el Departamento de Justicia emitiera directrices para frenar ese tipo de persecuciones.
En abril de 2025, un memorando interno del DOJ dejó claro que no se perseguiría penalmente a desarrolladores de herramientas no custodiales por el uso que terceros hagan de ellas. Aun así, los casos siguieron adelante.
El trasfondo político y regulatorio
Más del 90% de los casos federales terminan en condena, y menos del 0,4% en absolución. En el SDNY, la tasa de éxito de la fiscalía es aún mayor. En ese contexto, la decisión de Rodríguez y Hill de declararse culpables fue, desde una óptica racional, comprensible.
Lo que resulta más difícil de justificar es la aparente desobediencia institucional a una orden ejecutiva vigente. Para un inversor, esto no es un debate ideológico, sino una señal sobre la consistencia del marco regulatorio.
Bitcoin ya no es solo un activo alternativo; está siendo integrado en balances corporativos, productos financieros regulados y, ahora, en reservas estatales. Cuando una agencia ignora ese cambio de paradigma, introduce incertidumbre jurídica, incluso si el impacto financiero inmediato es marginal.
¿Realmente terminó la guerra contra las criptomonedas?
El discurso político ha cambiado. La narrativa también. Pero los hechos administrativos cuentan otra historia. Si el Departamento de Justicia bajo la administración Trump pretende consolidar una postura pro-Bitcoin coherente, este episodio exige una revisión interna clara.
Investigar por qué se vendieron esos BTC y garantizar que futuros decomisos se integren a la Reserva Estratégica no moverá el mercado, pero sí restaurará credibilidad institucional. En un ecosistema donde la confianza es clave, los detalles importan más que los titulares.
Bitcoin nació como una respuesta a sistemas opacos y decisiones discrecionales. Que hoy sea el propio Estado el que deba demostrar coherencia frente a su adopción estratégica es, quizá, una de las ironías más reveladoras de esta etapa del mercado.
