El caso Samourai y el Bitcoin incautado
- 57,55 BTC, valorados en $6,37 millones, quedaron en el centro de un cruce entre justicia penal y política federal.
- ¿Se respetó la orden presidencial que prohíbe vender Bitcoin confiscado por el gobierno de EE. UU.?
El manejo de los Bitcoin confiscados a los desarrolladores de Samourai Wallet ha reabierto un debate incómodo en Estados Unidos: ¿cómo deben tratarse los activos digitales incautados por el Estado cuando existe una directriz explícita de mantenerlos como reserva estratégica? La controversia no surge solo por el monto 57,55 BTC sino por informes contradictorios sobre si esos fondos fueron transferidos y potencialmente vendidos, y por la negativa posterior de las autoridades a confirmar cualquier liquidación.
La discusión va más allá de un caso penal concreto. Afecta a la credibilidad institucional, a la coherencia entre discurso y práctica, y a la forma en que el Estado estadounidense empieza o no a integrar a Bitcoin dentro de su arquitectura financiera estratégica.
El caso Samourai Wallet y la confiscación
En agosto de 2025, los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, se declararon culpables en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según los fiscales, el servicio de mezcla facilitó más de $200 millones en transacciones ilícitas vinculadas a mercados de la darknet, delitos cibernéticos y esquemas de fraude.
Como parte de los acuerdos de culpabilidad, ambos aceptaron confiscar los activos relacionados con el delito, incluido Bitcoin por un valor aproximado de $6,37 millones, equivalentes a 57,55 BTC en el momento de la transferencia. La confiscación se realizó bajo el artículo 982 del Código de los Estados Unidos, que regula la incautación penal en casos de lavado de dinero y transmisión ilegal de fondos. Hasta aquí, el procedimiento parecía alineado con el marco legal vigente. El problema surgió después.
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Transferencias, blockchain y versiones cruzadas
Un informe previo de Bitcoin Magazine citó documentos judiciales y datos on-chain que sugerían que los Bitcoin confiscados habrían sido transferidos el 3 de noviembre de 2025 a una billetera asociada con Coinbase Prime, en lugar de permanecer bajo custodia directa del Estado.
La empresa de análisis Arkham Intelligence atribuyó esa dirección a Coinbase Prime, un servicio utilizado por clientes institucionales y gubernamentales. Posteriormente, la billetera mostró un saldo cero, lo que abrió la puerta a una interpretación delicada: los BTC podrían haber sido liquidados.
Ni el Departamento de Justicia ni el custodio confirmaron públicamente una venta. Sin embargo, la sola posibilidad generó fricciones con una directriz clave de la Casa Blanca.
La orden presidencial y la Reserva Estratégica de Bitcoin
El 6 de marzo de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14233, que establece que los Bitcoin obtenidos por el gobierno mediante decomiso penal o civil “no se venderán” y deberán incorporarse a la Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.. El texto es explícito: los BTC del gobierno se mantendrán como activos de reserva y solo podrán disponerse de ellos bajo excepciones estrictas, como restitución a víctimas o necesidades operativas claramente justificadas.
A la luz de esa orden, cualquier liquidación discrecional de los BTC de Samourai resultaría, como mínimo, problemática.
La respuesta del Servicio de Alguaciles
Tras la difusión de los reportes, el United States Marshals Service (USMS) negó haber vendido los Bitcoin mencionados. La agencia afirmó que no ha enajenado esos activos y que desconoce cómo se obtuvo la información que sugería lo contrario.
El USMS agregó que las liquidaciones de criptomonedas pasan por un proceso de aprobación multinivel y que solo los activos que cumplen los requisitos de la Orden Ejecutiva 14233 pueden ser considerados para su disposición. La declaración, sin embargo, no aclaró por qué los fondos fueron transferidos a un custodio institucional ni qué explica el saldo cero observado en la billetera asociada.
Un debate institucional más amplio
Más allá del desenlace técnico venta o no venta, el episodio ha encendido críticas sobre una resistencia persistente dentro de ciertas agencias a tratar a Bitcoin como un activo estratégico. Esa tensión se ve amplificada por el origen del caso bajo una administración previa que mantuvo una postura más agresiva contra herramientas de privacidad financiera.
En abril de 2025, El Departamento de Justicia ya no apuntaría a servicios de mezcla, exchanges o billeteras por las acciones de sus usuarios finales, un giro que refuerza la sensación de transición doctrinal dentro del aparato judicial.
Aun así, ninguna autoridad federal ha confirmado formalmente si la gestión de los BTC de Samourai cumplió o no con la orden presidencial.
En última instancia, el episodio Samourai no trata solo de 57,55 BTC, sino de si la política pública estadounidense sobre Bitcoin es operativa y consistente, o si sigue atrapada entre marcos legales heredados y una narrativa estratégica aún en construcción.
