Criptomonedas sin reglas: la fantasía regulatoria
- Una industria multimillonaria enfrenta la disyuntiva de aceptar una ley imperfecta hoy o arriesgar regulaciones más duras mañana.
- ¿Es preferible certeza regulatoria inmediata o mantener la ambigüedad para proteger modelos de negocio clave como las stablecoins?
La afirmación del director del Consejo de Criptomonedas de la Casa Blanca según la cual operar sin reglas de mercado es una “fantasía” ha reabierto una discusión central para el ecosistema cripto en Estados Unidos: ¿hasta qué punto conviene aceptar una legislación incompleta ahora, sabiendo que podría limitar la innovación, o rechazarla y asumir el riesgo de un marco mucho más restrictivo en el futuro? El debate no es teórico. Se desarrolla en un contexto político concreto, con un Congreso dividido, una administración favorable a los activos digitales y una industria que no logra consensuar una posición común.
El detonante inmediato fue la decisión de Coinbase de retirar su respaldo a la Ley CLARITY, un proyecto orientado a definir la estructura del mercado cripto. La reacción no se hizo esperar. Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente sobre Activos Digitales, criticó la postura del exchange y advirtió que rechazar reglas imperfectas hoy podría abrir la puerta a una regulación mucho más severa bajo un futuro Congreso demócrata. Su mensaje fue claro: el vacío regulatorio no es una estrategia sostenible.
Una industria dividida ante la Ley CLARITY
La Ley CLARITY busca establecer definiciones y competencias claras para los mercados de criptomonedas, asignando un rol central a la CFTC en la supervisión del mercado al contado. En teoría, esto aportaría previsibilidad. En la práctica, el texto genera fricciones profundas. El principal punto de conflicto gira en torno a las stablecoins y sus mecanismos de rendimiento.
Coinbase y otros actores argumentan que ciertas disposiciones, impulsadas por legisladores demócratas con apoyo del sector bancario tradicional, podrían clasificar las recompensas de stablecoins como actividades de intereses o préstamos regulados. Esto afectaría modelos hoy considerados compatibles y pondría en riesgo la liquidez en cadena. La preocupación no es menor: las stablecoins son una infraestructura crítica para el ecosistema, con volúmenes diarios que superan decenas de miles de millones de dólares y un rol clave en trading, pagos y finanzas descentralizadas. Desde la Casa Blanca, la lectura es distinta. Witt sostuvo que el argumento de “ningún proyecto de ley es mejor que uno malo” solo es posible gracias a un contexto político excepcional, marcado por la victoria de Donald Trump y una administración abiertamente pro-cripto. En su visión, dejar pasar esta ventana política equivale a apostar a que el statu quo se mantendrá indefinidamente, algo que calificó como irreal.
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Stablecoins, ambigüedad y riesgos estructurales
La ambigüedad en las definiciones del proyecto de ley dificulta distinguir entre intereses pagados por el emisor y recompensas basadas en la actividad, como incentivos por provisión de liquidez o uso transaccional. Bajo una lectura restrictiva, estas prácticas podrían considerarse rendimientos prohibidos.
Este punto es clave porque la ambigüedad regulatoria puede ser menos dañina que una mala definición permanente. Una vez fijadas en la ley, las categorías restrictivas son difíciles de corregir y pueden generar fallas estructurales de largo plazo. Desde esta perspectiva, esperar aunque implique incertidumbre podría ser menos riesgoso que consolidar un marco que limite de forma irreversible la innovación.
Capacidad regulatoria y foco en las plataformas
A las tensiones internas se suma una advertencia institucional relevante. La Oficina del Inspector General alertó que la aprobación del proyecto impondría una presión excepcional sobre la CFTC, llamada a convertirse en el principal supervisor del mercado cripto al contado. Esto plantea dudas sobre la capacidad operativa del regulador para asumir nuevas responsabilidades sin afectar la calidad de la supervisión.
¿Certeza ahora o riesgo después?
El trasfondo del debate es político y temporal. Witt planteó una pregunta directa: ¿aprovechar un Congreso y una administración favorables para aprobar una ley hoy, o arriesgarse a que una futura crisis financiera derive en una legislación punitiva al estilo Dodd-Frank? La historia regulatoria estadounidense sugiere que las grandes crisis suelen producir respuestas duras y poco matizadas.
No obstante, la postura de Coinbase y de otros críticos subraya un punto incómodo: no toda certeza es buena certeza. Una ley que limite la competencia, favorezca a incumbentes tradicionales o restrinja modelos nativos de la economía digital puede tener efectos contraproducentes a largo plazo, incluso si aporta claridad en el corto plazo.
El consenso, si existe, es mínimo. Todos los actores parecen coincidir en una cosa: habrá una ley de estructura de mercado para criptomonedas. La discusión real es cuándo y en qué términos. Asumir que una industria valorada en billones de dólares puede operar indefinidamente sin un marco integral es, como señaló Witt, una fantasía. Pero también lo es pensar que cualquier marco, por el solo hecho de existir, será necesariamente beneficioso.
