Criptomonedas bajo la lupa del Departamento de Justicia
- $16.000 millones de dólares en pérdidas judiciales vinculadas a fraudes en 2025, el doble que el año anterior.
- ¿Infraestructura financiera neutral o herramienta sistémica para el fraude a escala industrial?
El enfoque de Estados Unidos hacia las criptomonedas está cambiando de forma silenciosa pero profunda. Ya no se trata únicamente de advertencias al inversor minorista, burbujas especulativas o publicidad engañosa. En su revisión más reciente, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha comenzado a enmarcar los activos digitales como infraestructura central del fraude moderno, un engranaje clave que permite escalar delitos tradicionales a una velocidad y dimensión inéditas, especialmente cuando se combina con inteligencia artificial.
Este giro conceptual tiene implicaciones relevantes. No redefine a las criptomonedas como ilegales por naturaleza, pero sí las posiciona en el mismo plano operativo que el efectivo, los vehículos de lujo o los bienes inmuebles dentro de las economías criminales. El énfasis deja de estar en la especulación de precios y se traslada al lavado de activos, la automatización del fraude y la recuperación de valor ilícito.
Criptomonedas como infraestructura, no como narrativa especulativa
En su balance de 2025, el Departamento de Justicia detalló 265 imputaciones relacionadas con esquemas de fraude, con pérdidas estimadas superiores a $16.000 millones, más del doble que en 2024. La diferencia clave no fue el tipo de activo involucrado, sino la forma en que las criptomonedas facilitaron operaciones criminales a gran escala.
Según la fiscalía, los activos digitales ya no aparecen como el “producto” del fraude, sino como el medio financiero transversal que conecta estafas sanitarias, planes de inversión, esquemas Ponzi y lavado internacional de capitales. La Sección de Fraude opera hoy a través de unidades especializadas como la de Fraude en Atención Médica que confiscan criptomonedas junto con efectivo, automóviles de lujo y otros activos tradicionales.
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Este enfoque refleja un cambio metodológico: seguir el dinero, independientemente de su forma, y desmantelar la infraestructura que permite su circulación rápida, opaca y transfronteriza.
Fraude de Medicare: criptomonedas en delitos tradicionales
Uno de los casos más representativos involucró a Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz y Jorge Kinds, acusados de un fraude de aloinjertos amnióticos por más de $1.000 millones. El esquema se dirigía a pacientes ancianos y terminales, a quienes se les aplicaban tratamientos médicamente innecesarios.
El resultado fue contundente: más de $600 millones en pagos indebidos de Medicare y la posterior incautación de $7,2 millones en activos, incluidas criptomonedas. El detalle es relevante: los activos digitales no fueron el fraude en sí, sino el vehículo financiero para mover, ocultar y fragmentar los beneficios ilícitos.
IA y fraude: velocidad, escala y automatización
El Departamento de Justicia vincula este fenómeno con un segundo factor crítico: la inteligencia artificial. La combinación de IA generativa y criptomonedas permite crear redes de fraude de alta velocidad, con identidades sintéticas, narrativas de inversión automatizadas y flujos financieros difíciles de rastrear en tiempo real.
Este contexto explica por qué la política estadounidense apunta ahora a tres variables clave:
El cambio también se alinea con iniciativas legislativas como la SAFE Crypto Act, que propone un grupo de trabajo federal en 180 días para coordinar la lucha contra estafas con criptomonedas. A nivel estatal, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha instado a penalizar las operaciones sin licencia, advirtiendo que una economía criminal de $51.000 millones prospera en vacíos regulatorios.
Implicaciones regulatorias y de mercado
Este giro no implica una prohibición generalizada de las criptomonedas, pero sí las acerca a los estándares de cumplimiento y supervisión que rigen las finanzas tradicionales. La volatilidad del mercado deja de ser el eje central del debate regulatorio; en su lugar, emerge el rol de los activos digitales como canal financiero sistémico.
Esto supone una transición incómoda pero predecible. Los reguladores no están persiguiendo la innovación tecnológica, sino la infraestructura criminal que se apoya en ella. El mensaje es claro: las criptomonedas ya no son tratadas como una anomalía especulativa, sino como parte integral del sistema financiero, con las mismas expectativas de control y responsabilidad.
