Coinbase exige mayor transparencia a la SEC sobre los costos de la supervisión cripto

• El enfoque en la “regulación por aplicación” ha generado debate sobre el impacto en la innovación, la competitividad y el uso de fondos públicos en Estados Unidos.
• La solicitud de Coinbase mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA) busca esclarecer el costo total de las acciones de cumplimiento (enforcement) de la SEC bajo la gestión anterior.

Se estima que la investigación sobre la industria de activos digitales incluyó múltiples procesos judiciales y, según documentos presentados, abarcó al menos 17 puntos detallados en la solicitud FOIA.

Desde el inicio de la expansión cripto en Estados Unidos, la relación entre reguladores y empresas vinculadas a activos digitales ha estado sujeta a análisis y controversias. El caso más reciente se centra en la petición formal de Coinbase, que exige conocer cómo se distribuyeron los recursos —tanto humanos como económicos— de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) durante la etapa en la que su directiva priorizó la vía de la “regulación por aplicación”. Este enfoque condujo a investigaciones y acciones legales contra varios actores, incluidos importantes nombres del sector.

A pesar de las obligaciones de transparencia en el gasto público, y de lo que se considera un claro interés de la industria por un entorno regulatorio definido y estable, la información sobre el costo real de estas acciones de cumplimiento no ha estado disponible de manera clara. Coinbase sostiene que la falta de directrices concretas afectó al ecosistema, dificultando la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones financieras basadas en blockchain dentro de las fronteras estadounidenses.

En la solicitud presentada se incluyen detalles como la cantidad de horas trabajadas por el personal asignado a estos casos, el uso de recursos de contratistas externos y la partida presupuestaria que se destinó a la división enfocada previamente en criptoactivos y ciberseguridad. La plataforma considera que la difusión de estos datos no solo permitiría a la comunidad inversora conocer el alcance de las acciones regulatorias, sino que también proporcionaría un referente objetivo acerca de cómo la administración pública invierte los impuestos de los ciudadanos.

La postura que defiende Coinbase se ha visto respaldada, de manera independiente, por otros participantes de la industria que manifiestan sentir un creciente escrutinio regulatorio. La preocupación se extiende a los posibles costos legales y a la repercusión que estas batallas prolongadas podrían tener sobre el valor de los proyectos, así como en la adopción masiva de nuevas tecnologías.

Por otro lado, las autoridades han justificado su estrategia argumentando la necesidad de proteger a los consumidores e inversionistas de riesgos vinculados a la volatilidad y la falta de claridad en algunos proyectos emergentes. Sin embargo, el giro reciente de la SEC, al descartar ciertas demandas y emitir comunicados que suavizan su postura sobre tokens especulativos, ha abierto la puerta a un posible entendimiento diferente, enfocado en la búsqueda de directrices más claras y menos litigiosas.

La insistencia de Coinbase en desvelar el uso de fondos públicos para la supervisión del sector cripto pone sobre la mesa un debate más amplio acerca de la transparencia y de la responsabilidad regulatoria en un ecosistema de rápida evolución. Con la exigencia de datos concretos, la industria aspira a establecer un marco de reglas que promueva la innovación sin descuidar la protección del inversor. Es un recordatorio de que, ante mercados con alto potencial de crecimiento, la legitimidad y confiabilidad de las instituciones son tan decisivas como la propia tecnología en la que se invierte.