Clarity Act bajo fuego

• ¿Puede Trump regular lo que también está lanzando? El proyecto de ley CLARITY busca ordenar el caos regulatorio en cripto, pero sus vínculos con una stablecoin y un memecoin propio generan un choque de intereses que ya frena su avance en el Congreso.

• “Sin reglas contra conflictos de interés, esto es un cheque en blanco”: Demócratas advierten que, si no se limita la participación directa de políticos con negocios cripto, el proyecto no tendrá respaldo, por más sólida que sea su arquitectura técnica.

La propuesta legislativa conocida como Digital Asset Market Structure Clarity Act (CLARITY Act), impulsada por el representante republicano French Hill, pretende sentar las bases para una regulación coherente de los criptoactivos en Estados Unidos. Con 236 páginas, el proyecto detalla la asignación de competencias entre la SEC y la CFTC, exige a las empresas de activos digitales separar los fondos de clientes de los corporativos, y refuerza las exigencias de divulgación de información.

Sin embargo, lo que prometía ser un paso técnico hacia una mayor certidumbre jurídica para los actores del mercado, ha quedado atrapado en la arena política. Legisladores demócratas, como Gregory Meeks (D-NY), centraron su participación en cuestionar los lazos del expresidente Trump con el ecosistema cripto, que van desde la fundación de World Liberty Financial hasta la promoción de su propio memecoin y una stablecoin aún no regulada.

Más allá de las acusaciones cruzadas, el punto de inflexión está en los posibles conflictos de interés. Para representantes como Jim Himes (D-Conn.), considerados moderados en su postura hacia las criptomonedas, la falta de cláusulas explícitas que prohíban que funcionarios públicos se beneficien personalmente de políticas cripto es un obstáculo insalvable:

«Sin lenguaje contra conflictos de interés, no apoyo esta ley y alentaré a mis colegas a votar en contra», advirtió.

El debate también abordó temas de fondo del ecosistema, como la necesidad de definir con precisión qué significa “descentralización” a nivel legal, y si el proyecto ofrece suficientes garantías en materia de anti-lavado de dinero (AML).

Aunque algunos demócratas como Ritchie Torres, Don Davis y Angie Craig mostraron simpatía por el proyecto, la controversia sobre el papel de Trump ha complicado la posibilidad de un consenso bipartidista. Mientras tanto, del lado republicano, Andy Barr (R-Ky.) rechazó las críticas como una “distracción política” y defendió el respaldo del expresidente como un impulso a la innovación financiera.

En paralelo, se propuso convocar una nueva audiencia un “Minority Day Hearing” con nuevos testigos para ampliar el análisis técnico y ético del proyecto, particularmente respecto a los vínculos entre el presidente y los instrumentos cripto promocionados desde su entorno.

En el Senado, la senadora Cynthia Lummis (R-Wyo.), una de las voces más activas en pro del desarrollo regulatorio cripto, adelantó que comenzarán las deliberaciones sobre un proyecto de estructura de mercado la próxima semana, lo que podría correr en paralelo al CLARITY Act o integrarse eventualmente.

Más allá de la polarización política, el estancamiento del CLARITY Act revela una tensión más profunda: la necesidad de establecer reglas claras para la industria cripto sin que estas se vean comprometidas por intereses personales o partidistas. Para un ecosistema que clama por certeza legal y protección institucional, cualquier intento serio de regulación debe blindarse de la captura política, especialmente cuando quienes promueven o se benefician del cambio legislativo tienen intereses directos en el resultado. En esta coyuntura, la claridad regulatoria no solo es una cuestión legal, sino de credibilidad democrática.