Cinco años por defender la privacidad: el caso Samourai Wallet
- Los fiscales piden 5 años de prisión para los fundadores de Samourai Wallet por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- La app habría procesado $237 millones de dólares en fondos ilícitos, aunque sus creadores insisten en que su fin era proteger la privacidad, no facilitar delitos.
¿Privacidad o complicidad? El dilema judicial de Samourai Wallet
Los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, se enfrentan a una sentencia que podría marcar un precedente en la intersección entre privacidad digital y regulación financiera. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha solicitado para ambos la pena máxima de cinco años de prisión, acusándolos de operar un sistema no autorizado para transferir dinero y de facilitar el lavado de cientos de millones de dólares.
Según el memorándum de sentencia presentado ante el Distrito Sur de Nueva York, Samourai habría procesado al menos $237 millones de dólares provenientes de actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico, ciberataques y fraudes financieros. Los fiscales sostienen que las funciones de privacidad más emblemáticas de la aplicación Whirlpool y Ricochet fueron diseñadas deliberadamente para ocultar el origen de los fondos.
En palabras del documento judicial, los acusados “solicitaron y alentaron a delincuentes a usar su plataforma”, afirmación respaldada por capturas de mensajes internos donde supuestamente calificaban sus servicios como una herramienta de “lavado de dinero para Bitcoin”.
La defensa: privacidad, no encubrimiento Samourai Wallet nació en 2015 con la premisa de reforzar la privacidad financiera dentro del ecosistema de Bitcoin. A diferencia de las plataformas centralizadas, la aplicación era sin custodia, lo que significa que sus desarrolladores no tenían control sobre los fondos de los usuarios. Este punto constituye el núcleo de la defensa de Hill y Rodriguez, quienes aseguran haber actuado de buena fe y bajo asesoría legal.
Suscríbete y recibe las mejores actualizaciones e informes en tu bandeja de entrada
En una carta dirigida al tribunal, Hill expresó que fundó la empresa “para proporcionar el anonimato necesario para que Bitcoin funcionara según lo previsto”, defendiendo la privacidad como un derecho esencial y no como una herramienta de criminalidad. Rodríguez, por su parte, enfatizó que “nunca se administraron fondos ajenos” y que confiaban en la legalidad de su operación.
El respaldo de figuras académicas, como el profesor David L. Yermack de la Universidad de Nueva York, reforzó el argumento de la defensa. Yermack situó a Samourai dentro de la tradición cypherpunk, un movimiento que considera la criptografía como un medio legítimo para proteger las libertades individuales frente a la vigilancia estatal.
Las matemáticas no son un delito, han repetido defensores de la privacidad digital ante la posibilidad de que este caso siente un precedente que criminalice la innovación en código abierto.
Las pruebas del gobierno
El gobierno, sin embargo, plantea una narrativa opuesta. Citando conversaciones y publicaciones en foros clandestinos, los fiscales aseguran que los fundadores de Samourai promocionaron activamente la aplicación en la darknet, describiéndola como un “servicio de lavandería” para ocultar fondos ilegales.
Entre 2015 y 2024, Samourai habría gestionado transacciones por más de $2.000 millones de dólares, según el DOJ, con al menos $237 millones vinculados directamente a delitos comprobados. Los desarrolladores también habrían obtenido $6,3 millones de dólares en comisiones, equivalentes a 246,3 BTC, cuyo valor actual ronda los $26,9 millones de dólares.
Otro punto de controversia es la supuesta retención de datos técnicos de los usuarios, lo que, según la fiscalía, contradice el discurso de privacidad total. Hill respondió que la información “XPUB” recopilada era un requisito técnico para calcular saldos de usuarios que no ejecutaban su propio nodo, y que solo afectaba al 20 % de la base de usuarios.
Un debate más amplio: ¿la privacidad financiera es un delito?
El caso Samourai reabre una discusión clave: ¿hasta qué punto la defensa de la privacidad puede interpretarse como complicidad con el delito?
La comunidad de Bitcoin ve con preocupación la posibilidad de que esta sentencia establezca un precedente judicial contra el desarrollo de software de código abierto, un principio fundacional del ecosistema.
Organizaciones pro-privacidad advierten que perseguir a los programadores por las acciones de sus usuarios equivale a culpar a los fabricantes de cuchillos por los crímenes cometidos con ellos. Por su parte, las autoridades consideran que la línea entre anonimato y encubrimiento no puede ignorarse en un contexto donde la criptografía se usa para ocultar delitos financieros globales.
