Bitcoin y poder político en EE. UU.

• Estados Unidos concentra el bloque político más influyente pro-Bitcoin, con apoyo directo desde la Casa Blanca, agencias regulatorias y el Congreso.
• Más de 300.000 BTC bajo control soberano colocan a Bitcoin en el centro de la competencia geopolítica y monetaria global.

¿Puede un activo nacido como respuesta al sistema financiero tradicional convertirse en una herramienta estratégica del Estado? A comienzos de 2026, la pregunta deja de ser retórica. La acumulación de poder político favorable a Bitcoin dentro del gobierno de Estados Unidos marca un punto de inflexión que merece un análisis crítico, lejos de la euforia y también del escepticismo automático.

La administración estadounidense atraviesa una transformación inédita: por primera vez, Bitcoin no solo es tolerado, sino integrado explícitamente en la arquitectura institucional. Este giro no ocurre en el vacío ni responde a un solo actor, sino a una coalición amplia que abarca el Poder Ejecutivo, agencias regulatorias y figuras clave del Congreso, con efectos que trascienden las fronteras de EE. UU.

Estados Unidos y la institucionalización de Bitcoin

Durante el segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca ha adoptado un enfoque explícitamente pragmático hacia los activos digitales. La creación de la Reserva Estratégica de Bitcoin, mediante orden ejecutiva, formaliza una decisión clave: los BTC confiscados dejan de liquidarse y pasan a considerarse un activo soberano.

Las cifras son relevantes. Se estima que EE. UU. controla entre 198.000 y más de 328.000 BTC, convirtiéndose en el mayor tenedor gubernamental del mundo. Aunque no existen aún compras activas en el mercado, la sola retención de este volumen altera el equilibrio entre oferta, demanda y expectativas. El cambio no es solo simbólico. La designación de figuras con historial pro-innovación refuerza la coherencia del movimiento:

Este bloque ejecutivo no impulsa un discurso maximalista, sino una narrativa de competitividad nacional, donde Bitcoin se integra como una pieza más aunque disruptiva del tablero económico.

El Congreso como motor legislativo

El apoyo no se limita al Ejecutivo. En el Senado, la figura central es Cynthia Lummis, promotora de la Ley BITCOIN (S.954, 2025). Su objetivo es claro: blindar legalmente la Reserva Estratégica de Bitcoin y evitar cualquier liquidación futura de los BTC en manos del Estado.

Junto a ella, destacan:

• Tim Scott, presidente del Comité Bancario, pieza clave en las negociaciones de la Ley CLARITY, enfocada en la estructura del mercado.
• Bill Hagerty y Bernie Moreno, alineados con iniciativas pro-cripto dentro del bloque republicano.
• Kirsten Gillibrand, que aporta un componente bipartidista al debate regulatorio.

En la Cámara de Representantes, proyectos como la Ley Bitcoin para Estados Unidos (HR6180), impulsada por Warren Davidson, plantean incluso el uso de Bitcoin para pagos fiscales federales y depósitos directos en la reserva.

Este entramado legislativo no garantiza una adopción sin fricciones, pero reduce de forma significativa el riesgo regulatorio, uno de los principales frenos históricos para el capital institucional.

Alcance global y competencia entre Estados

El impulso estadounidense no ocurre en aislamiento. A escala internacional, Bitcoin empieza a operar bajo una lógica de teoría de juegos soberana: ningún Estado quiere quedar rezagado si otros convierten a BTC en cobertura estratégica.

Países como El Salvador mantienen su rol pionero, con más de 7.500 BTC y un enfoque renovado hacia integración tecnológica. Bután destaca por combinar minería estatal y tenencias superiores a 13.000 BTC, mientras explora su encaje en la política económica nacional.

Otros movimientos relevantes incluyen:

• Brasil, con debates regulatorios avanzados.
• Rusia, preparando marcos para legalizar compras institucionales.
• Corea del Sur, avanzando en leyes de valores tokenizados.
• Hong Kong, posicionándose como hub financiero cripto-regulado.

La lista de países con BTC en manos gubernamentales incluye también a Reino Unido, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y Finlandia, mientras que el caso de Venezuela permanece en el terreno de la especulación no verificada.

¿Impulso estructural o riesgo de politización?

Desde un enfoque crítico, el alineamiento político pro-Bitcoin plantea interrogantes legítimos. La institucionalización puede reducir volatilidad regulatoria, pero también introduce el riesgo de politización de un activo concebido como neutral y descentralizado.

Además, la narrativa estratégica no elimina los desafíos:

• Bitcoin sigue siendo volátil.
• La adopción soberana no implica uso masivo.
• El respaldo político puede cambiar con futuros ciclos electorales.

Sin embargo, los hechos son claros: por primera vez, Bitcoin compite en el mismo plano que otros activos de reserva estatales, bajo reglas explícitas y con actores de poder dispuestos a sostenerlo.