Bitcoin y las stablecoins frente al reto regulatorio en Estados Unidos
- La Ley GENIUS marca un hito regulatorio, pero el verdadero desafío será su implementación, donde entran en juego intereses estatales, federales y bancarios.
- El futuro de la Ley CLARITY en el Senado definirá hasta qué punto el mercado cripto en EE. UU. tendrá reglas claras o quedará atrapado en negociaciones políticas.
$10.000 millones es el umbral que define qué emisores de stablecoins quedarán bajo supervisión estatal.
La aprobación de la Ley GENIUS abre la puerta a un marco federal, pero la disputa apenas comienza.
La industria de las criptomonedas celebró en 2025 un avance histórico con la aprobación de la Ley GENIUS, la primera en otorgar un marco federal para las monedas estables en Estados Unidos. Sin embargo, lejos de ser un punto final, la norma se convierte en el inicio de un proceso más complejo: su implementación regulatoria. Ahora, la atención se centra en cómo las agencias y los estados coordinarán sus competencias y en la presión de la banca tradicional por limitar los beneficios competitivos de los emisores cripto.
La compleja arquitectura de la Ley GENIUS
La legislación establece que los emisores con capitalización inferior a 10.000 millones de dólares podrán obtener licencias estatales, siempre que estas sean “sustancialmente similares” a las nuevas normas federales. La validación quedará en manos del Comité de Revisión de la Certificación de Stablecoins, presidido por el secretario del Tesoro Scott Bessent, acompañado por Jerome Powell (Reserva Federal) y Travis Hill (FDIC). El detalle clave: las decisiones requerirán unanimidad. Este requisito abre la puerta a tensiones entre reguladores y gobiernos estatales, sobre todo en jurisdicciones con marcos más laxos o, por el contrario, con regulaciones más estrictas que podrían verse limitadas.
El resultado previsible es un escenario en el que la presión política y empresarial sobre estos tres directivos será intensa. Cada licencia estatal no solo definirá la competitividad local, sino que también enviará señales al mercado sobre el grado de apertura del sistema regulatorio estadounidense.
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La banca contra las stablecoins
La Asociación Americana de Banqueros y el Instituto de Política Bancaria han intensificado su lobby para modificar la ley, poniendo el foco en las stablecoins que ofrecen rendimiento. Aunque la norma prohíbe que los emisores otorguen intereses directos, las plataformas de intercambio pueden ofrecer recompensas a los usuarios, lo que constituye un vacío legal. Para la banca, este modelo podría incentivar salidas de capital de los depósitos tradicionales hacia ecosistemas digitales con mejores retornos. Para la industria cripto, en cambio, reabrir este debate equivaldría a debilitar un consenso alcanzado con dificultad.
El riesgo para el sector no es menor: si el Tesoro interpreta que las recompensas equivalen a intereses prohibidos, los exchanges quedarían bajo un marco restrictivo. Si, en cambio, la interpretación los deja fuera, los bancos verán en ello una amenaza directa a su base de clientes.
La Ley CLARITY: el verdadero campo de batalla
Más allá de las stablecoins, el Congreso enfrenta el debate sobre la Ley CLARITY, destinada a definir la estructura del mercado de criptoactivos en EE. UU. La Cámara de Representantes ya aprobó su borrador en julio, y el Senado tiene previsto avanzar en otoño. El presidente del Comité de Banca, el republicano Tim Scott, confía en conseguir el apoyo de 12 a 18 senadores demócratas, aunque la oposición liderada por Elizabeth Warren representa un obstáculo considerable.
Si el proyecto logra respaldo antes de fin de año, la industria dispondría por primera vez de una hoja de ruta clara para operar bajo reglas federales. Pero si se retrasa hasta 2026, el riesgo de un mercado estancado en la incertidumbre regulatoria persistirá, con efectos directos sobre la inversión institucional y la innovación tecnológica.
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Un mercado en pausa, a la espera de reglas claras
En términos de inversión, el mensaje que reciben los actores institucionales es mixto. Por un lado, la aprobación de la Ley GENIUS envía una señal de madurez y compromiso regulatorio. Por otro, la incertidumbre en torno a su implementación y la demora en la Ley CLARITY genera dudas sobre el grado de estabilidad que el entorno político estadounidense puede ofrecer a largo plazo.
La victoria regulatoria de la industria cripto en 2025 no debe confundirse con un triunfo definitivo. El verdadero examen comienza ahora, en la capacidad de los reguladores y del Congreso para traducir leyes en normas operativas y estables. Para Bitcoin y las stablecoins, lo que está en juego no es solo la claridad legal, sino el acceso al capital institucional y la confianza de los mercados globales. Si Washington logra un marco funcional y coherente, EE. UU. podría consolidarse como el centro neurálgico de la innovación financiera digital; si fracasa, la oportunidad se trasladará a otras jurisdicciones dispuestas a ofrecer certidumbre más rápida.
