Arizona frena su adopción de Bitcoin con fondos públicos
▪️ $1.5 mil millones es la cantidad total en Bitcoin recientemente adquirida por grandes corporaciones, mientras Arizona decide no usar fondos estatales para cripto.
▪️ El Senado de Arizona propuso permitir que agencias estatales aceptaran criptomonedas y crearan reservas con activos incautados, pero ambas iniciativas fueron bloqueadas.
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó este lunes dos proyectos de ley que buscaban profundizar la relación entre las finanzas públicas del estado y el ecosistema cripto. El primero, el Senate Bill 1373, pretendía crear un fondo estratégico de reserva alimentado con criptomonedas incautadas por las autoridades. El segundo, el SB 1024, proponía autorizar a las agencias estatales a aceptar pagos en criptoactivos por concepto de multas o sanciones civiles.
Según el comunicado oficial emitido por la oficina de la gobernadora, la razón detrás del veto radica en los riesgos asociados a la alta volatilidad del mercado cripto, lo que a su juicio no representa un uso prudente de los fondos del estado. En su carta dirigida al presidente del Senado, Hobbs señaló que ya se ha promulgado legislación que permite interactuar con criptomonedas sin comprometer los recursos del fondo general, y que esta es la vía responsable para avanzar.
Cabe destacar que la gobernadora sí firmó otras iniciativas relacionadas con cripto, como la HB 2749, que establece un fondo de reserva para activos no reclamados en criptomonedas, los cuales podrían ser usados en el futuro bajo supervisión legislativa. También aprobó la HB 2387, una ley que impone regulaciones estrictas a los operadores de kioscos de criptomonedas, incluyendo límites de transacción para nuevos usuarios, advertencias de fraude y servicio al cliente 24/7.
Desde una perspectiva de análisis, estas decisiones reflejan una estrategia de contención prudente por parte del gobierno estatal: no se oponen directamente al uso de Bitcoin o activos digitales, pero exigen salvaguardas claras cuando se trata de fondos públicos. La línea roja, por ahora, está marcada en la vinculación directa entre dinero del estado y activos digitales volátiles, como BTC o stablecoins aún no reguladas.
Para los inversionistas, este movimiento no representa un retroceso absoluto, sino un ajuste temporal que busca proteger las finanzas públicas sin descartar del todo la utilidad de las criptomonedas. En otras palabras, Arizona reconoce el potencial del ecosistema cripto, pero impone frenos ante la incertidumbre regulatoria y el comportamiento errático del mercado. A largo plazo, este tipo de regulaciones moderadas podrían sentar bases más estables para una adopción institucional bien gestionada.
La enseñanza aquí es clara: el camino hacia la adopción estatal de Bitcoin y otros criptoactivos será gradual, sujeto a marcos legales más robustos, y marcado por un enfoque donde la gestión de riesgo prevalecerá sobre el entusiasmo tecnológico.
