Arizona aprueba fondo estatal en Bitcoin de hasta 10%

• Arizona se convierte en el primer estado estadounidense en autorizar una reserva pública de Bitcoin, con una potencial inversión de hasta $3.14 mil millones en activos digitales.
• La legislación abre la puerta a un nuevo paradigma en la gestión de fondos estatales, con énfasis en transparencia, custodia segura y diversificación soberana.

Con la aprobación de los proyectos de ley SB 1025 y SB 1373, el estado de Arizona se posiciona a la vanguardia de la innovación financiera en Estados Unidos. El cuerpo legislativo estatal ha allanado el camino para invertir hasta un 10% de los fondos públicos lo que equivale a aproximadamente $3.14 mil millones sobre los $31.5 mil millones que administra el tesoro estatal en activos digitales como Bitcoin y ciertos NFT clasificados como “blockchain-based assets” con alta liquidez y seguridad. La medida, que ahora aguarda la firma de la gobernadora Katie Hobbs, también contempla la creación de un Fondo Estratégico de Reserva de Activos Digitales financiado mediante incautaciones y futuras apropiaciones, el cual deberá operar con mecanismos de auditoría on-chain y estándares de control de riesgo.

El contexto que rodea esta iniciativa es revelador. Arizona no solo se adelanta a otros estados como Texas, Florida y New Hampshire en materia de legislación cripto, sino que plantea una tesis que hasta hace poco era impensable en la política fiscal estadounidense: integrar Bitcoin en la arquitectura soberana de reservas. Esta decisión coincide con un repunte del precio de BTC, que ronda los $95,000 tras una recuperación mensual del 25%, en un entorno donde el apetito institucional vuelve a fortalecerse tras meses de consolidación.

Desde un enfoque técnico, una posible asignación de $3.14 mil millones permitiría al estado adquirir en torno a 31,000 BTC, cifra que colocaría a Arizona como uno de los mayores tenedores institucionales del activo digital en EE. UU., superando incluso a gigantes corporativos como Tesla y Marathon Digital. Esta acumulación pública gestionada bajo parámetros fiduciarios y con requerimientos de custodia transparente podría modificar la narrativa de riesgo tradicionalmente asociada a los criptoactivos.

Ahora bien, aún resta conocer la posición definitiva de la gobernadora Hobbs. Si bien ha suavizado su postura en otras disputas presupuestarias recientes, no ha emitido señales claras respecto a esta legislación. Un veto podría frenar la implementación inmediata del fondo, mientras que su aprobación marcaría un punto de inflexión en la relación entre Bitcoin y las finanzas públicas estadounidenses.

Más allá de la política local, la propuesta de Arizona plantea interrogantes de mayor calado: ¿Estamos presenciando el nacimiento de un modelo híbrido de gestión de reservas soberanas? ¿Pueden los activos descentralizados coexistir con las estructuras financieras tradicionales sin comprometer la estabilidad? En un mundo donde la inflación erosiona el poder adquisitivo y la deuda pública alcanza niveles récord, Bitcoin emerge como una alternativa atractiva no solo para individuos, sino ahora también para tesorerías estatales.

Este episodio representa algo más que una jugada financiera; es una declaración ideológica. Con esta legislación, Arizona no solo busca diversificar sus activos, sino también abrir un canal institucional legítimo para el capital soberano en la economía digital. Si otros estados siguen su ejemplo, podríamos estar ante el principio de una transformación estructural en la forma en que las entidades públicas perciben y gestionan el valor. En un escenario global cada vez más fragmentado, el movimiento de Arizona podría ser recordado como el punto de inflexión donde Bitcoin dejó de ser una apuesta alternativa y pasó a formar parte del núcleo estratégico del capital público.