Agente fiscal estaría tras ataques a poseedores de criptomonedas en Francia
- Una funcionaria de la Hacienda francesa ha sido acusada de utilizar su acceso a bases de datos gubernamentales para vender información personal de inversores en criptomonedas a bandas criminales
- La justicia francesa ha denegado la libertad condicional a la implicada, vinculando sus acciones con una ola de ataques violentos, secuestros y extorsiones dirigidos a poseedores de criptomonedas en el país
En Francia, una agente fiscal habría actuado como informante clave tras la oleada de ataques contra poseedores de criptomonedas en el país. Identificada como Ghalia C., una funcionaria de 32 años de la oficina de impuestos de Bobigny, al noreste de París, se enfrenta a graves acusaciones por utilizar su puesto privilegiado para extraer datos confidenciales de ciudadanos. Según la investigación, la agente rastreaba direcciones físicas y perfiles fiscales de objetivos específicos, incluyendo inversores de bitcoin y criptomonedas, para luego vender esta información a grupos delictivos que ejecutaban ataques violentos para robar sus activos.
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Agente fiscal filtra datos de poseedores de criptomonedas
Según reportes locales, el modus operandi descrito por las autoridades revela una brecha de seguridad alarmante en la administración pública. Aprovechando el software interno de Hacienda, que contiene registros actualizados de todos los contribuyentes, la agente buscaba activamente perfiles de alto valor, incluyendo poseedores de criptomonedas, figuras públicas de alto nivel, funcionarios de prisiones y magistrados.
Una vez recopilada la información, especialmente la ubicación exacta de los domicilios, la funcionaria la entregaba a intermediarios criminales a cambio de pagos en efectivo o transferencias a través de servicios como Western Union.
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Este esquema de filtración de datos parece proporcionar la pieza faltante para explicar la ola de ataques físicos contra inversores de criptomonedas en Francia, cuya cifra concluyó 2025 por encima de los 60 ataques en todo el mundo.
En este tipo de ataques, las bandas criminales aplican la violencia física directa. Al obtener la dirección precisa de un inversor gracias a la agente fiscal, los delincuentes irrumpían en las viviendas para secuestrar, torturar y extorsionar a las víctimas hasta obligarlas a revelar las contraseñas de sus hardware wallets o dispositivos móviles, eludiendo así cualquier medida de ciberseguridad.
El más reciente incidente en Francia fue registrado a principios de este año, cuando tres encapuchados ingresaron a una casa, amordazaron y golpearon a una mujer para llevarse un USB que al parecer contenía las frases semilla de la billetera de su esposo.
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Complicidad en una ola de terror
Aunque la acusada admitió haber facilitado datos para un ataque contra un funcionario de prisiones por una suma cercana a los 800 euros, la investigación sugiere un patrón mucho más amplio. Las autoridades vinculan sus búsquedas en la base de datos con una serie de incidentes brutales que han aterrorizado al sector tecnológico francés, incluyendo casos de alto impacto como agresiones a directivos de empresas cripto.
La lógica de los investigadores es que la precisión con la que los criminales localizaban a sus víctimas solo era posible gracias a información privilegiada y actualizada, como la que consta en los registros fiscales.
Durante su audiencia de apelación, la defensa de la agente fiscal argumentó que, si bien ella proporcionó la información, desconocía que sería utilizada para cometer actos de violencia extrema. Sin embargo, su negativa a desbloquear su teléfono móvil para el análisis forense y su silencio respecto a la identidad de su «patrocinador» o contacto criminal debilitaron su posición.
El fiscal general sostuvo que la funcionaria utilizó sus credenciales de manera «anormal» y sistemática para servir a delincuentes experimentados, lo que llevó al tribunal a considerarla un peligro para la sociedad y una pieza logística fundamental en la estructura de estas bandas.
