38 Estados avanzan por Bitcoin

• New Hampshire y Florida avanzan en legislación para incluir bitcoin en sus reservas estatales, con Florida logrando apoyo unánime en comité.
• Ambos estados restringen la inversión a activos digitales con más de 500.000 millones de dólares en capitalización, lo que deja a bitcoin como única opción viable.

En un movimiento que marca un cambio de paradigma en la gestión de fondos públicos, los estados de New Hampshire y Florida han dado pasos concretos hacia la adopción de bitcoin como parte de sus reservas estatales. En una jornada significativa del 10 de abril, ambas legislaturas avanzaron en la tramitación de proyectos que permitirían a los gobiernos locales destinar parte de sus fondos a bitcoin, reconociendo su creciente papel como activo financiero escaso y descentralizado.

En New Hampshire, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto HB302 con una ajustada votación de 192 a 179. El texto, que ahora se dirige al Senado, autorizaría al Estado a invertir hasta un 10% de su fondo general y otros fondos designados en bitcoin y metales preciosos. Aunque la medida aún requiere aprobación final y la firma de la gobernadora Kelly Ayotte, representa un giro relevante en la política financiera estatal. Cabe destacar que la ley contempla únicamente activos digitales con una capitalización de mercado superior a 500.000 millones de dólares, lo que, al día de hoy, restringe la opción exclusivamente a bitcoin.

Por su parte, Florida también avanzó con su propio proyecto, HB487, que fue aprobado por unanimidad en el Comité de Seguros y Banca de la Cámara de Representantes. Aún restan dos comités antes de ser debatido en el pleno, pero el respaldo bipartidista es un indicador sólido del consenso político. Esta aprobación es particularmente llamativa dado el carácter polarizante que a menudo tiene el tema de las criptomonedas entre los legisladores estadounidenses.

Ambas leyes incorporan provisiones de custodia, exigiendo que los activos digitales se mantengan bajo esquemas de seguridad definidos, ya sea mediante custodios calificados, productos regulados cotizados en bolsa o incluso en modalidad directa, siempre garantizando la titularidad estatal. La posibilidad de préstamo o staking también está contemplada, aunque sujeta a estándares de protección patrimonial.

El impulso legislativo de New Hampshire y Florida se suma a iniciativas similares en Texas, Arizona y Oklahoma, que ya han aprobado al menos una cámara legislativa. En el caso de Arizona, dos proyectos —SB1373 y SB1025— ya superaron etapas clave y esperan votación en la Cámara Baja. El fenómeno refleja una creciente voluntad política de explorar el papel del bitcoin como instrumento de preservación de valor en un contexto de inflación persistente y creciente desconfianza hacia las divisas fiduciarias.

Entre los argumentos a favor, legisladores republicanos como Jordan Ulery en New Hampshire han defendido el potencial de retorno financiero y la oportunidad de diversificar las reservas estatales. En Florida, el representante Webster Barnaby subrayó el rol estratégico de ubicarse “a la vanguardia de esta nueva tecnología”. Por el contrario, voces críticas como la del demócrata Terry Spahr advierten sobre el riesgo de atarse a un marco rígido en un mercado que evoluciona rápidamente.

La exclusión de activos con menor capitalización —como Ethereum o cualquier altcoin— evidencia un enfoque conservador y prudente. No se trata de una apuesta especulativa, sino de una elección deliberada por el único activo digital que ha demostrado resiliencia, descentralización efectiva y un nivel de seguridad que ninguna otra criptomoneda ha igualado.

Aunque aún en etapa incipiente, el avance de estas legislaciones estatales sugiere que estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en la relación entre Bitcoin y la administración pública. No es menor que grandes instituciones como BlackRock y Franklin Templeton estén desarrollando productos financieros respaldados por bitcoin, lo que refuerza la legitimidad del activo a ojos de los actores institucionales.

La posibilidad de que gobiernos regionales estadounidenses adopten bitcoin como reserva estatal plantea una enseñanza central: el mercado ya no es exclusivamente privado. Bitcoin está dejando de ser una herramienta marginal o disruptiva para transformarse, lentamente pero con firmeza, en una alternativa legítima de política monetaria local. Los inversores harían bien en prestar atención a este fenómeno incipiente que podría convertirse en tendencia.