Operación Choke Point 2.0: ¿una presión real contra las cripto?
- Más de 30 empresas habrían sido desbancarizadas mediante presiones informales, según el Comité.
- ¿Hubo una política coordinada contra el sector o simples medidas de riesgo bancario?
La publicación de un informe de 50 páginas por parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes vuelve a encender un debate que lleva años en el eje de la política regulatoria de Estados Unidos: ¿existió realmente una “Operación Choke Point 2.0” dirigida específicamente contra empresas de Bitcoin y activos digitales durante la administración Biden?
La pregunta no es menor, especialmente en un momento en el que Estados Unidos intenta equilibrar innovación tecnológica, estabilidad financiera y supervisión del sistema bancario.
El documento, publicado por legisladores republicanos, compila comunicaciones, testimonios y directrices internas que, según sus autores, demuestran que múltiples reguladores federales habrían empleado orientación informal y presión privada para disuadir a los bancos de trabajar con empresas del sector cripto. Aunque varias de estas prácticas ya se habían comentado en círculos regulatorios y empresariales, la novedad es que ahora aparecen formalmente archivadas en el registro del Congreso.
Un informe que detalla tácticas regulatorias informales
Según el reporte, entidades como la Reserva Federal, la FDIC y la OCC habrían utilizado herramientas como:
- Cartas de «no objeción» condicionadas.
- Solicitudes de “pausa” en relaciones bancarias existentes.
- Advertencias sobre riesgos de reputación sin documentación formal.
- Supervisión más intensa a bancos con exposición a activos digitales.
El Comité asegura que estas acciones llevaron a que al menos 30 empresas relacionadas con Bitcoin y criptomonedas fueran “efectivamente expulsadas” del sistema bancario estadounidense, sin procesos de cumplimiento claros ni medidas regulatorias oficiales.
El paralelismo con la Operación Choke Point original un programa de la década de 2010 que buscaba presionar indirectamente a industrias consideradas “de alto riesgo” aparece de manera recurrente a lo largo del informe.
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La SEC, por su parte, es señalada por adoptar una estrategia de “aplicar primero, crear reglas nunca”, según los republicanos del Comité. Mencionan la SAB 121, guía contable que en la práctica impide que los bancos custodien criptoactivos, como uno de los ejemplos más claros de regulación restrictiva sin marco normativo explícito.
Entre la negación pública y la presión privada
Uno de los puntos más polémicos del informe es la supuesta contradicción entre declaraciones públicas y prácticas privadas.
De acuerdo con el documento, mientras los reguladores aseguraban públicamente que no existía intención de impedir la actividad relacionada con activos digitales, en privado habrían advertido a bancos sobre riesgos “mal definidos” y posibles consecuencias regulatorias si mantenían relaciones con empresas del sector.
Un portavoz del Comité argumentó que este comportamiento habría generado un efecto disuasorio para compañías estadounidenses legítimas, que según el informe se vieron obligadas a mudarse al extranjero o cerrar operaciones, más por incertidumbre que por problemas de cumplimiento.
Testimonios empresariales: cierres de cuentas y procesos inconclusos
El informe recoge varios casos anecdóticos:
- Ejecutivos que recibieron solicitudes repetidas de documentación, seguidas de cierres abruptos de cuentas.
- Bancos que alegaban “ambigüedad regulatoria” para evitar relacionarse con empresas cripto.
- Empresas que quedaron aisladas del sistema bancario tras trámites rutinarios ante organismos regulatorios.
Si bien estos testimonios ayudan a ilustrar la tensión entre supervisión bancaria tradicional e innovación financiera, el informe reconoce que no todos los bancos actuaron bajo la misma interpretación de riesgo.
¿Disuasión, supervisión o reacción frente a riesgos reales?
Más allá del sesgo político con el que ambos partidos suelen analizar este tipo de controversias, el debate de fondo continúa siendo técnico:
¿Se trató de coerción gubernamental o simplemente de una respuesta de supervisión prudencial ante un ecosistema en rápida evolución? Existen argumentos en ambas direcciones:
El informe invita a que el Congreso defina un marco regulatorio explícito, dejando menos espacio a interpretaciones subjetivas que pueden frenar la innovación o exponer al sistema bancario a riesgos mal evaluados.
Un debate regulatorio que continuará
El Comité republicano pide revertir prácticas que consideran dañinas y redactar guías claras para que bancos y empresas cripto puedan operar en un entorno estable y predecible.
La administración Biden y los reguladores involucrados, por ahora, niegan categóricamente haber llevado a cabo cualquier operación sistemática de desbancarización.
Lo que sí es evidente es que el ecosistema de activos digitales sigue atrapado entre dos fuerzas:
- La necesidad de preservar la integridad del sistema financiero.
- El objetivo de no limitar la innovación tecnológica ni su competitividad global.
