Estados Unidos se convierte en el mayor tenedor estatal de Bitcoin
- El Departamento de Justicia decomisó 127.271 BTC vinculados a estafas internacionales.
- Las reservas de EE. UU. superan ahora los $36.000 millones de dólares, la mayor cifra de su historia.
La relación de Estados Unidos con Bitcoin ha dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una ofensiva judicial contra el fraude financiero digital ha convertido al gobierno estadounidense en uno de los mayores poseedores institucionales de la criptomoneda. Tras la confiscación récord de 127.271 BTC —valorados en unos $14.000 millones de dólares—, las reservas federales de Bitcoin ascienden ya a más de $36.000 millones, según precios actuales de mercado.
La mayor incautación de la historia del Departamento de Justicia
El caso fue anunciado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia (DOJ), quienes calificaron la operación como “la acción de decomiso más grande en la historia del Departamento”.
El objetivo fue Chen Zhi, un ex ciudadano chino acusado de orquestar una red masiva de estafas con criptomonedas con base en Camboya. De acuerdo con la denuncia, el esquema habría utilizado trabajo forzado, extorsión y lavado de dinero para defraudar a miles de víctimas en todo el mundo.
Según el expediente judicial, Zhi enfrentará cargos de fraude electrónico y conspiración para lavado de activos. La acusación solicita la confiscación directa de los 127.271 BTC, ahora bajo custodia del gobierno estadounidense.
Además del decomiso, el Departamento del Tesoro, junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impuso sanciones a 146 personas y entidades vinculadas al llamado Grupo Prince, una organización criminal transnacional dirigida por Zhi. La operación se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (FCDO) y otros aliados occidentales.
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Un ecosistema delictivo global
Los documentos del caso revelan una trama compleja de fraudes de inversión, chantaje sexual, corrupción y apuestas ilegales en línea. La red presuntamente controlaba diez complejos de explotación laboral en Camboya, donde cientos de trabajadores eran forzados a operar estafas en línea dirigidas a ciudadanos estadounidenses y europeos.
El nuevo balance: 36.000 millones en Bitcoin
Antes de esta operación, el gobierno de Estados Unidos mantenía aproximadamente 197.354 BTC, valorados en unos 22.000 millones de dólares. Con la reciente incautación, las tenencias oficiales superan los 324.000 BTC, lo que equivale a más del 1,5 % del suministro total de Bitcoin.
Este volumen posiciona a EE. UU. por encima de países como China o Alemania, que también han retenido grandes cantidades de BTC producto de operaciones legales, aunque posteriormente liquidaron parte de sus reservas en el mercado.
En agosto, el secretario Bessent ya había aclarado que Estados Unidos no planea comprar Bitcoin para su reserva estratégica. Sin embargo, la realidad actual sugiere que el gobierno se ha convertido, involuntariamente, en uno de los mayores custodios de la criptomoneda más valiosa del mundo.
Implicaciones para el mercado y la política monetaria
El aumento de las reservas estatales de Bitcoin plantea varias preguntas:
- ¿Venderá el gobierno parte de estos fondos para financiar operaciones o saldar deudas públicas?
- ¿O mantendrá los BTC como un activo estratégico, dada su apreciación a largo plazo?
Históricamente, el Departamento de Justicia ha optado por subastar los BTC incautados, como ocurrió con los fondos de Silk Road o Bitfinex. No obstante, el tamaño de esta nueva confiscación podría alterar esa dinámica. Una venta masiva, incluso parcial, tendría efectos significativos en el precio y la liquidez de Bitcoin, especialmente si se realiza de forma repentina.
Además, el hecho de que el gobierno de EE. UU. controle una cantidad tan sustancial de Bitcoin introduce un elemento paradójico: mientras las autoridades financieras mantienen un discurso de cautela y regulación estricta sobre las criptomonedas, su propio balance refleja una exposición multimillonaria al activo descentralizado más relevante del planeta.
Más allá del caso judicial, este episodio refleja cómo la infraestructura de Bitcoin —neutral, transparente y resistente a la censura— sigue siendo testigo de los contrastes entre el poder estatal y la economía digital.
Aunque el gobierno estadounidense no haya comprado voluntariamente sus BTC, ahora es uno de los mayores poseedores institucionales del mundo.
Y con cada nuevo decomiso, el dilema se intensifica: ¿convertirse en vendedor de activos digitales o en custodio involuntario de una tecnología que redefine el dinero mismo?
