El estado de Arizona podría convertirse en el primero en invertir fondos públicos directamente en Bitcoin, con una asignación potencial de hasta $3.14 mil millones.
- La propuesta ya fue aprobada por el Congreso estatal y espera la firma de la gobernadora. El impacto institucional podría marcar un cambio de paradigma.
El Senado estatal de Arizona ha dado luz verde a una legislación histórica: el Arizona Strategic Bitcoin Reserve Act, que permitiría a este estado norteamericano invertir hasta el 10% de su tesorería y fondos del sistema de jubilación en Bitcoin. Con un presupuesto disponible de aproximadamente $31.4 mil millones, esto podría traducirse en una compra directa de hasta $3.14 mil millones en BTC.
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— CoinCodex (@CoinCodex) April 29, 2025
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La iniciativa, liderada por los senadores Wendy Rogers y Jeff Weninger, marca un punto de inflexión en la relación entre Bitcoin y la gestión pública de activos en Estados Unidos. El proyecto ya fue aprobado por la legislatura y se encuentra ahora en manos de la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien deberá firmarlo para convertirlo en ley.
Bitcoin como reserva estatal: más allá de una narrativa
Este movimiento no ocurre en el vacío. Estados como Iowa, Missouri y Texas están evaluando medidas similares, mientras que, a nivel federal, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en marzo promoviendo la creación de una reserva nacional estratégica de Bitcoin y activos digitales.
De concretarse, el caso de Arizona podría catalizar una carrera entre los estados por integrar Bitcoin como activo de reserva estratégica, similar al oro o bonos del Tesoro. Esta tendencia emergente conecta con una narrativa cada vez más presente entre gestores institucionales: la de Bitcoin como activo de refugio, protección contra la inflación y herramienta de independencia financiera estatal.
Consenso institucional en evolución
El respaldo institucional a esta tesis ya se manifiesta en los portafolios de los grandes gestores de activos. BlackRock, a través de su iShares Bitcoin Trust (IBIT) actualmente el mayor ETF de Bitcoin, sugiere una exposición del 1–2% en carteras tradicionales. Fidelity ha ido más allá, proponiendo una asignación del 2–5%.
Este consenso no responde a un entusiasmo especulativo, sino a una reevaluación profunda del rol que puede jugar Bitcoin en el equilibrio financiero global. Al integrarse en tesorerías estatales, el activo se legitima aún más como instrumento soberano de valor.
Implicaciones de mercado
Una compra estatal por valor de $3.14 mil millones en BTC no solo representaría un hito simbólico. También tendría efectos directos sobre la liquidez y volatilidad del mercado, en un entorno donde la oferta líquida de Bitcoin es limitada y la demanda institucional crece rápidamente.
Además, este tipo de decisiones podría generar presión política sobre otros estados y sobre el gobierno federal, especialmente si los resultados en Arizona son percibidos como exitosos en términos de rentabilidad o estabilidad financiera.
En última instancia, esta noticia refuerza una tendencia más amplia: Bitcoin ya no es solo una apuesta tecnológica o especulativa, sino un activo estratégico que comienza a ocupar espacio real en las decisiones financieras del sector público. El hecho de que esta adopción provenga de un gobierno estatal puede ser solo el comienzo de un cambio estructural en la forma en que las naciones interactúan con la economía digital.
